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Derecho penal

El derecho penal es la ciencia que estudia el conjunto de normas jurídicas que definen determinadas conductas como infracciones (delitos o faltas) y dispone la aplicación de sanciones (penas y medidas de seguridad) a quienes los cometen.

Derecho penal tradiconal.- La defensa o cuadyuvancia en el derecho penal, tiene su materialización propiamente en la fase procesal, llamada averiguación previa, etapa en la que el ministerio público recaba pruebas con la finalidad de acreditar la existencia de un delito y la probable responsabilidad de una o varias personas.

Agotada esa etapa, los hechos son consignados ante la autoridad judicial, quien de encontrar satisfechos los requisitos del artículo 16 de la constitución, procede al libramiento de una orden de aprehensión o comparecencia según corresponda, para una vez ejecutada, recabar la declaración preparatoria del inculpado y determinar si este debe ser o no sometido a un proceso.

De aceptarse la procedencia de la apertura del proceso, se abre una etapa de instrucción en el que las partes se encuentra en aptitud de ofertar los medios de convicción que a sus intereses convenga, las cuales una vez desahogadas, el juzgador otorga un plazo para la formulación de la acusación y su contestación (conclusiones), hecho lo anterior emite la sentencia respectiva, la cual suele ser impugnable ante un tribunal de alzada.

Nuestra tarea como defensores consiste en asesorar al inculpado durante todas las etapas procesales, con la finalidad de evitar la imposición de alguna sanción procesal (obtener su absolución) o lograrla imposición de la pena menos gravosa para nuestro representado, así como la obtención de sustitutivos penales.

En la coadyuvancia las actividades que desempeñamos se traducen en proporcionar toda la información que requiera el ministerio Publio investigador para acreditar el cuerpo del delito, la probable responsabilidad, así como la reparación del daño a favor del ofendido.

Derecho penal acusatorio.- Derivado de las recientes reformas constitucionales en materia penal, se incorporó el denominado sistema acusatorio adversarial el cual es definido como el sistema de persecución penal en el cual se encuentran separadas las funciones de investigación, acusación y resolución de un hecho ilícito, asegurando con ello la imparcialidad, independencia, igualdad y legalidad del actuar punitivo del Estado.

Inicia mediante una noticia criminal, la cual es hecha del conocimiento del ministerio público, quien de considerarlo delictuoso inicia la carpeta de investigación correspondiente en la que reúne todos los datos de prueba que demuestran la existencia de un hecho catalogado como delito y la probabilidad de que alguien lo cometió, hechos que son sometidos al conocimiento del Juez de Control, quien de considerarlos suficientes, ordena la comparecencia del o los imputados (cuando no hay detenidos), a fin de que se les realice ante la presencia judicial, la imputación, a fin de que rindan la declaración que estimen oportuna, hecho lo anterior, determina si el imputado debe o no ser vinculado, supuesto este último en que otorga al órgano investigador un plazo perentorio para que indague sobre el hecho delictuoso y la probable participación del imputado así como en su caso formule la acusación correspondiente y determine los medios de prueba que desahogara en la etapa del juicio.

Su diferencia más trascendental, es la supervisión que realiza el juez de control en torno a la actuación del órgano investigador, por lo que la defensa se encuentra en un plano de igualdad, dado que también puede llegar a la carpeta investigativa, todos los datos que beneficien a sus intereses.

Así mismo, puede cuestionar la legalidad o constitucionalidad de las actuaciones practicadas por el ministerio público, a fin de que el Juez de control determine lo procedente.

La atención que se brinda cuando somos contratados como defensores se traduce en el asesoramiento del imputado durante todas y cada una de las etapas del proceso, aportando los datos de prueba que demuestren su inocencia con el fin de obtener su absoluta libertad (sentencia absolutoria) o lograr la imposición de las sanciones penales menos gravosas, así como alcanzar la obtención de sustitutivos penales.

Los servicios cuando somos contratados por la víctima del delito se traducen en la obtención de medidas de protección a favor de la víctima, recolección de datos de prueba que logren demostrar la responsabilidad del imputado y el monto de la reparación del daño a fin de lograr una sentencia de condena.

Derecho penal Militar.- Es el constituido por todas aquellas normas que establecen los delitos y faltas militares, determinando sus penas y demás consecuencias jurídicas.

Nuestra tarea consiste en crear estrategias de defensa que logren evidenciar que la conducta atribuida a nuestro representado no es constitutiva de delito, que ésta no fue realizada por aquél o que existe alguna causa de exclusión del delito que impide la aplicación de alguna sanción.

De manera subsidiaria, se hacen valer circunstancias atenuantes de la responsabilidad que deben ser consideradas para efectos de la individualización de la pena.

Justicia de adolescentes.- Son los procedimientos de carácter jurisdiccional que se tramitan ante tribunales especializados en donde se juzgan conductas que se encuentran descritas como delito en los Códigos Penales o leyes federales, atribuibles a menores de edad.

Es conocida también como justicia de menores en conflicto con la ley, sus características son la oralidad, la inmediatez, la publicidad entre otros.

Defensa.- Nuestros servicios en el área de defensa de menores y/o adultos sujetos en etapa investigativa (Ministerio Público local o federal) o ante los tribunales (locales o federales), consiste en crear estrategias que logren demostrar la deficiencia de pruebas que presenta una investigación aperturada en contra de nuestro defendido, la actualización de alguna causa de justificación o exclusión de la conducta imputada o atribuida así como la demostración de que la conducta desplegada, no es susceptible de sanción penal o medida de seguridad.

De igual forma, la adecuada defensa consistente en allegarle al juzgador todos aquellos elementos de prueba, que en su caso logren demostrar un grado de responsabilidad menor a la que formule la fiscalía, así como resaltar las condiciones particulares y personales del encausado, con la finalidad de que se imponga la sanción menos gravosa o en su caso, la obtención de algún beneficio o sustitutivo penal.

Coadyuvancia.- La institución procesal instaurada en el sistema de justicia penal (menores y adultos) a favor de la víctima es el Asesor Jurídico, su tarea consístete en aportar medios de prueba para evidenciar los daños causados con motivo de la conducta imputada al menor o adulto responsable, formular propuestas para obtener la reparación total del daño causado a nuestros representados, asimismo interponer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios, con el fin de salvaguarda los intereses de nuestros clientes.

Derecho de Amparo

El juicio de Amparo es un procedimiento jurisdiccional tramitado generalmente ante los tribunales federales.

Su objetivo es determinar si los actos de autoridad se ajusten al mandato constitucional.

El Amparo es un procedimiento jurisdiccional que tiene por objeto juzgar los actos emitidos por las autoridades Federales, Estatales o Municipales tomando como referencia la Constitución.

El juicio de amparo, no es un recurso, es un auténtico procedimiento constitucional que sirve para defender las garantías individuales y derechos humanos de todos los residentes en el país.

Amparo Directo.- Es un procedimiento constitucional del ordenamiento jurídico mexicano que tiene por objeto específico hacer reales, eficaces y prácticos los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México fuere parte, buscando proteger a los individuos de los actos de todas las autoridades sin distinción de rango, inclusive las más elevadas, cuando violen dichas garantías. Está regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y la Ley de Amparo.

Procede contra resoluciones o sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales federales o locales, tribunales administrativos de la federación o los Estados así como laudos emitidos por Juntas Federales o Locales de Conciliación y Arbitraje que pongan fin al procedimiento así como contra leyes aplicadas en su dictado que se estimen contrarias a la Constitución o a los Tratados Internacionales firmados por México.

Es un juicio uniinstancias (generalmente) que se resuelve por los Tribunales Colegiados de Circuito y excepcionalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Amparo Indirecto.- Es un procedimientos constitucional biinstancial que se tramita ante los Juzgados de Distrito (generalmente) o Tribunales Unitarios de Circuito (excepcionalmente) cuyo objeto principal es proteger a sus peticionarios contra leyes, reglamentos, tratados internacionales o actos de autoridad que violen sus Derechos Humanos o Garantías Individuales.

Como ejemplos tenemos:

  • Amparo contra actos fuera de Juicio: Orden de Aprehensión, Comparecencia, Extradición, Arraigo, Arresto, Falta de emplazamiento, clausuras entre otros.
  • Amparo contra actos dentro de Juicios: Embargo de bienes, practica de prueba pericial contable, genética entre otros supuestos.Amparo contra actos después de concluido el Juicio: Diligencia de adjudicación de bienes, lanzamientos entre otros.

Régimen de convivencia

Es el procedimiento tramitado ante los tribunales con el objeto de restablecer los lazos afectivos, la comunicación y solidaridad entre el padre o madre que no tiene la guarda y custodia del menor.

También tiene puede ser solicitada por los familiares directos (abuelos, tíos, hermanos) que desean mantener o reanudar una relación afectiva con el menor.

La convivencia es un derecho humano del menor, por lo que quien tenga la guarda y custodia del menor se encuentra obligado a proporcionar las condiciones para que esta se desarrollo, salvo que esto constituya un peligro real o posible para el menor.

El divorcio

Es el medio jurídico a través del cual se puede dar por terminado el matrimonio celebrado por los cónyuges, dejándolos en libertad de contraer nuevas nupcias.

Existen el divorcio administrativo, cuyo trámite es realizado por el oficial del registro civil, con a única condición de que no existan hijos durante la vigencia del matrimonio y este haya tenido una vigencia de al menos un año.

Otra clase de divorcio es el denominado Divorcio Voluntario, el cual parte de la premisa de que los cónyuges se encuentran de acuerdo en finiquitar el matrimonio así como sus consecuencias, entre ellas, los alimentos para los hijos y la forma en que se repartirán los bienes en caso de existir sociedad conyugal, su trámite se realiza ante el Juez Familiar competente.

Actualmente en la Ciudad de México y en el Estado de México, se prevé el procedimiento especial de Divorcio Incausado.

Este consiste en una solicitud que se realiza ante el Juez de lo Familiar, por parte de uno de los cónyuges, mediante el cual manifiesta su voluntad de dar por terminado el matrimonio celebrado con antelación.

Debe anexarse un convenio en el que se defina la forma en que se liquidara la sociedad conyugal (cuando exista), la guarda y custodia de los hijos (si los hubiera), el monto de los alimentos que habrán de ministrarse entre otros.

Nuestra tarea consiste en elaborar un convenio que cubra todos los requisitos legales así como un reparto equitativo de los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, guarda y custodia de los hijos (cuando los haya), la pensión que en concepto de alimentos debe otorgarse, entre otros.

Si usted ha tomado esta difícil decisión, permítanos orientarle para que tal procedimiento sea lo más armonioso posible y con las mejores condiciones que a usted convenga.

Si usted ha recibido la notificación de divorcio, permítanos asesorarlo a fin de lograr las mejores condiciones para usted, comuníquese con nosotros.

Derecho familiar

La familia es el “conjunto de personas que se hallan unidas por vínculos de consanguinidad o adopción fundada en base a personas llamados padres y los hijos de ellos que viven en un hogar cultivando los afectos necesarios y naturales con intereses comunes de superación y progreso”. La familia como objeto es estudiado ya sea subsumiéndola en relaciones interindividuales, mediante disposiciones expresas.  Actualmente la normatividad siempre toma a la familia como una comunidad, como un todo.

Nuestra tarea es resolver cualquier tipo de conflictos que surjan de las relaciones que mantienen los individuos que integran aquel núcleo.

Las herramientas que utilizamos son la conciliación, la mediación y como ultimo recursos las instancias judiciales.

Si tiene algún conflicto póngase en contacto con nosotros que con gusto lo atenderemos.

Alimentos

El Derecho de Alimentos se puede definir como la facultad jurídica que tiene una persona, denominada alimentista o acreedor alimentario, para exigir de otra, denominada deudor alimentario, lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del matrimonio, concubinato o del divorcio, en determinados casos.

Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica y hospitalaria, los gastos para la educación de los menores y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; la habilitación, rehabilitación y desarrollo en lo posible, cuando sea de personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, así como la atención geriátrica por lo que hace a las personas mayores.

Nuestra tarea consiste elaborar la demanda respectiva (acreedor alimentario) o contestación (deudor alimentario) asiendo valer las acciones o excepciones procedentes a fin de salvaguardar los intereses de nuestros representados.

También participamos en conflictos relacionados con aumentos, disminución o cancelación de alimentos.

No dude en comunicarse con nosotros, con gusto le atenderemos y resolveremos todas sus dudas.

Juicio sucesorio

Los procedimientos jurisdiccionales para dirimir quienes habrán de suceder a los difuntos en sus bienes o derechos surgen mediante dos procedimientos:

La testamentaria ocurre cuando el autor de la masa hereditaria manifestó su voluntad de quien o quienes adquirirían sus bienes una vez que falleciera, ello lo hace mediante la realización de un testamento.

La legítima, ocurre cuando el autor de los bienes no externo aquella voluntad, por lo que sus familiares más directos, son los que tiene derecho a acceder a la propiedad y posesión de los bienes que disfrutaba en vida el fallecido.

 

Nuestra labor tratándose de testamentarias se centra en la formulación de la denuncia del juicio testamentario a fin de que el juzgador declare su validez, reconozca a los herederos, ordene la recolección de todos los bienes y derechos del difunto y su repartición atendiendo a la voluntad descrita en el testamento.

Tratándose de sucesiones legítimas, nuestra labor se centra en lograr una reunión con todos los posibles herederos con el objeto de lograr una tramitación ágil del proceso, a fin de que el juzgador les reconozca su calidad de herederos y logren recibir la parte proporcional de los bienes del difunto.

De igual forma prestamos asesoría para representar a quienes se consideren herederos y no hayan sido reconocidos, tanto en las testamentarias como en las sucesiones legítimas, con la finalidad de que se respeten sus derechos.

Derecho administrativo

Es una rama del derecho público que regula la actividad del Estado, la función administrativa y la relación entre los particulares y el aparato público.

Su aplicación en la vida practica es cotidiana, como ejemplo tenemos los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos, la responsabilidad civil del Estado, las multas, clausuras, auditorias, suspensiones, peticiones de los particulares, negativas de la autoridad a prestar un servicio o actividad entre otras.

Juicio Contencioso Administrativo.-

Se trata de un procedimiento formalmente jurisdiccional que se tramita ante los tribunales administrativos ya sean federales (Tribunal de Justicia Administrativa) o locales (Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, del Estado de México, entre otros) cuyo fin es cuestionar la legalidad de los actos desplegados por las autoridades pertenecientes al poder ejecutivo, federal, Estatal o Municipal.

La instauración de estos procedimientos tiene como fin nulificar los actos de las autoridades que afectan la esfera jurídica del gobernador, ya sea por desvió de poder, falta de competencia, carencia de fundamentación y motivación entre otros.

Nuestra tarea es formular demandas con el fin de lograr la anulación de los actos de autoridad con la finalidad de restituir a el gobernando en el pleno goce de sus derechos.

Responsabilidad de los Servidores Públicos.- Es la responsabilidad en que incurren los servidores públicos por faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad o eficiencia en la prestación del servicio público.

Nuestros servicios consisten en defender los derechos de los empleados de gobierno dentro de los procedimientos instaurados por los órganos de control interno, en los que se les pretende fincar alguna responsabilidad derivada de la prestación de sus servicios.

También asesoramos a las personas que se sientan afectadas con motivos por las deficiencias en el servicio público imputables a los servidores del Estado.

Derecho civil

El derecho civil es el tronco de todas las ramas de la ciencia del derecho, su mayor clasificación son:

Derechos reales.- Son definidos como la facultad que tiene una persona sobre una cosa derivada de una determinada relación jurídica, su característica fundamental radica en que esta otorga al titular del derecho una posibilidad de disposición del bien.

Dentro de los procedimientos que se realizan en ejercicio de esta clase de acciones se encuentran el Juicio Hipotecario (hacer efectiva una garantía), Juicio reivindicatorio (para recuperar el bien), Juicio de Usucapión (para dquirir la propiedad) entre otros.

Derechos personales. – Son aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas, que por un hecho suyo o por disposición de la ley, han contraído obligaciones correlativas. Estos derechos están íntimamente relacionados con las obligaciones, ya que ellos otorgan al acreedor el derecho de exigir al deudor el cumplimento de la obligación.

Dentro de los procedimientos que se pueden instaurar se encuentran la acción de cumplimiento de contrato, la rescisión de contrato, la nulidad del contrato, el cumplimiento de la oferta, la responsabilidad civil objetiva, entre otras.

Nuestra labor consiste en la elaboración de demandas o contestación de demandas, formulación de reconvención (contra demanda) ofrecimiento de pruebas y obtención de sentencias favorables a los intereses de nuestros representados.

Derecho mercantil

Es aquel que regula los actos de comercio pertenecientes a la explotación de las industrias mercantiles organizadas (actos de comercio propios) y los realizados ocasionalmente por comerciantes y no comerciantes (actos de comercio impropios), que el legislador considera mercantiles, así como el estatuto del comerciante o empresario mercantil individual y social y los estados de anormalidad en el cumplimiento de sus obligaciones.

Acciones Mercantiles.- Son las instituciones jurídicas creadas en el derecho comercial, que otorgan a su titular la facultad de acudir a los tribunales a exigir su cumplimiento, dentro de ellas tenemos las nulidades, el cumplimiento forzoso, el pago, la rescisión de contrato mercantil, extinción de fideicomiso, la prenda mercantil entre otros.

Somos expertos en la tramitación de juicios especiales sobre fianza, ejecutivos mercantiles, para el cobro de cheques, pagares, letras de cambio, facturas, conflictos entre socios, nulidad de asambleas, expedición de acciones, cobro del banco no reconocidos, quejas ante la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) o PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor).

Nuestra tarea no solo se limita a la formulación de demandas y contestaciones, implica la tramitación de todos y cada uno de los incidentes, recursos y medios legales necesarios para salvaguardar los intereses de nuestros patrocinados.

Derecho laboral

Conjunto de leyes y reglas que tienen por objetivo regular y ordenar los diferentes sistemas laborales que caracterizan al ser humano.

El derecho laboral entiende al trabajo como aquella actividad que un individuo desarrolla con el objetivo de transformar el mundo exterior, y mediante la cual obtiene los medios materiales o bienes económicos para su subsistencia.

Dentro de los conflictos que regular esta rama del derecho se encuentran el despido injustificado, la recisión de la relación laboral, terminación de la relación laboral, contratos colectivos de trabajo, relaciones sindicales, huelgas, incapacidades, responsabilidad patronal.

Nuestra tarea consistente en la defensa del derecho de los trabajadores o patrones ante las autoridades laborales (Secretaria del Trabajo y Previsión Social) o tribunales de justicia laboral, mediante la formulación de demandas, ofrecimiento de pruebas a fin de obtener una resolución favorable a los intereses de nuestro representado (patrón o trabajador).

Derecho Agrario

Es el orden jurídico que rige las relaciones entre sujetos participantes de la actividad agraria con referencia a objetos agrarios y con el fin de proteger recursos naturales renovables y fomentar la producción agropecuaria y asegurar el bienestar rural.

Dentro de los conflictos más comunes son la titularidad de las tierras, problemas relativos a colindancias, reconocimiento de avecindado, comunero o ejidatario, nulidad de asambleas ejidales o comunales, dotación de tierras para cultivo, entre otras.

Nuestros servicios consisten en representar a nuestros clientes en los conflictos sobre posesión de tierras, invasión de tierras, reconocimiento de calidad de ejidatario, comunero, avecindado o posesionario así como regulación de parcelas, solares y cualquier otro conflicto se ventile ante los tribunales agrarios, ya sea como parte actora o demandada para la obtención de una sentencia favorable a los intereses de nuestro cliente.

Derecho de Seguro

Es el conjunto de instituciones jurídicas que regular los derechos y obligaciones que adquieren las personas que celebran un contrato de seguro, en el cual, la empresa aseguradora se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al beneficiario para el caso de verificarse la eventualidad prevista en el contrato a cambio del pago de una prima.

Nuestra función consiste en la defensa de los derechos que tienen los asegurados o sus beneficiaros cuando la compañía de seguro se niega a cubrir la suma asegurada o reparar el daño causado amparado por la póliza.

Tenemos experiencia en el cobro de seguros de vida, gastos médicos mayores, ahorro, daños, entro otros.

Tramitamos quejas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

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